Tesina: “El caso Leganés: Daños causados por la mentira en la comunicación política e institucional y la mala práctica periodística”
El caso Leganés: Daños causados por la mentira en la comunicación política e institucional y la mala práctica periodística
Iván Mauricio Lombana Villalba
Conclusiones
1. La filosofía política entorpece el libre ejercicio de la medicina. Razones morales, metafísicas, políticas, culturales, etc, alteran la práctica médica que ya no se rige solo por la observación clínica. Y por lo menos en el Caso Leganés, la expresión dolor, el sufrimiento y la muerte, constreñidos a marcos institucionales, no se libera a partir del escándalo y por el contrario, incluso los daños causados por la falsedad en la comunicación política e institucional a través del manejo de la información de interés público, y en ello, los daños provocados por el condicionamiento que efectúa la política sobre la medicina, aunque evidencien la acuciante pertinencia de optar por una ética de la información para que no se la estructure de manera indiferente, por lo menos en temas delicados como los de la salud, por el contrario, en realidad, afianzan más el control legal y político del ejercicio de la medicina, por la acción de los medios de comunicación.
El manejo del tiempo en las noticias, y del espacio en los periódicos, no permite un tratamiento serio y exhaustivo, equilibrado, de problemas tan delicados como el de los tratamientos médicos en general, y todavía menos cuando se trata de problemas o escándalos que involucran incluso un proceso judicial, por lo que ceden al manejo político. En esto, la justicia mediática peca no solo por anticiparse a la publicación del debido proceso sino al repetir acusaciones infundadas, ante lo cual, los medios a veces optan por publicar las versiones antagónicas de los hechos, pero el ideal del equilibrio informativo no otorga la veracidad y no impide el daño, por ejemplo, en casos de acusación injusta. La medicina está afectada por el poder político y ejerce ella misma un poder, porque en su campo se cruzan todo tipo de fuerzas.
De buena fe, el Doctor Montes atiende a una imperiosa necesidad estructural y económica del Hospital Severo Ochoa, la saturación de la Unidad de Cuidados Paliativos, a la que sólo se destinarán enfermos con expectativas de vida, y combate una mala práctica común de encarnizamiento terapéutico. Pero la creación de la unidad de prehospitalización, alivia el problema económico y estructural, pero altera la organización administrativa, también cuestionable o discutible desde el punto de vista de la atención adecuada a prestar al enfermo. Pero independientemente del mérito o el menoscabo en la estimación de la acción administrativa de Montes y su equipo, se advierte en el Caso Leganés el daño producido por la intención agónica, el deseo de denigrar y criticar al adversario por su posición ideológica, para ganar la contienda política o espacios institucionales en la sociedad, refuerza el error y la mentira suscitada por desinformación.
Y aunque la actividad periodística y el trabajo de investigación comunicativo pueden plantear excelentes cuestionamientos y planteamientos bioéticos sin tanta doctrina principialista, pragmática o simplemente moral, de lo que puede ser un buen ejemplo el trabajo que efectuó Orios Güell con el Doctor Luis Montes en la reconstrucción de su versión de los hechos, no obstante, en el Caso Leganés, la polarización política inicial al interior de la medicina motivó y acarreó las discusiones en todos los ámbitos, especialmente el administrativo al interior del hospital en la disputa por el manejo de los recursos, lo que en consecuencia supeditó las decisiones clínicas al manejo económico y político, por lo que no se puede tomar la versión de Montes y Güell por un diagnóstico de la situación española respecto a la eutanasia y los cuidados paliativos, y no deja de ser sino una versión de la confrontación política en el terreno médico de Leganés.
2. La bioética católica politiza el ejercicio de la medicina. El debate político nacional o la discusión pública de contenido, si se quiere, intelectual, sobre la sedación y la eutanasia, no se da de manera efectiva, replegada a iniciativas particulares, y en los diarios aparecen registradas las aportaciones sintéticas en apartes científicos o filosóficos explicativos, confinada la reflexión al ámbito académico o del foro para el profesional especializado. La distancia ente la nula formación bioética del ciudadano común y la del médico persiste para la primera década del siglo XXI que ya se cierra. Y la posición política ambigua de la bioética católica niega siquiera la posibilidad de la eutanasia pasiva que ante el Caso Leganés se posiciona en todos los medios, incluido El País. La discrepancia ideológica y la confrontación política que cabría esperar en los medios a propósito de la eutanasia no se articula de manera radical. Por el contrario, la posición conservadora domina aún respecto de la concepción del dolor y la eutanasia.
El tratamiento del dolor y su registro distorsionado en los medios constituye un campo de acción política en el que se somete al individuo a las decisiones administrativas e institucionales conforme a una comunicación política que determina la concepción aceptada sobre los modos de sufrir al punto de controlar el modo de morir, y en últimas, defiende la legalidad sin cuestionar la necesidad de su cambio, por lo menos a lo que a la sedación terminal y a la eutanasia se refiere. Se aprecia así una escisión entre la legalidad o ilegalidad de la eutanasia y su concepción intelectual según las necesidades del paciente, de una parte, y de otra, todo tipo de intereses que manipulan su estado delicado y próximo a la muerte en el enfermo terminal y la voluntad de morir para el enfermo incurable. Si se diferencia entre eutanasia activa y pasiva, esto se debe en primera instancia a razones morales.
Aparentemente el gremio médico permanece neutro políticamente, y defiende a sus colegas de Leganés destituidos, pero en realidad están polarizados ideológicamente por la bioética católica, en contra de la eutanasia y con reticencia arcaica de algunos al uso de los sedantes.
3. Condicionamiento económico del escándalo biopolítico. En el prefacio del texto teórico La eutanasia examinada, Daniel Callahan, el prestigioso presidente del Hastings Center decía sin tapujos que aunque se condenan las prácticas eutanásicas, según el rumor, los médicos siempre han practicado la eutanasia y el suicidio médicamente asistido. No es este el lugar para acusar a nadie, por lo que he tomado parte a favor de Luis Montes, su equipo médico y el honor de los médicos españoles en general. Pero como también John Harris, al lado de Callahan, apunta que, al aceptarse el cambio de la opinión pública a favor de la eutanasia por no querer sufrir en la muerte, se elude la cuestión económica que propicia la solución eutanásica por escatimar en recursos, lo que se da tanto en la legalización como a espaldas de la legalidad[1].
La complejidad del Caso Leganés incita a confundir la persecución política a Luis Montes con la disputa conceptual sobre la sedación de enfermos terminales y la eutanasia, de por sí enmarañada y con posiciones contrarias e irreconciliables, que ignoradas por el político le conducen a acciones nefastas en las que las estrategias de comunicación política repercuten de manera perniciosa si no atienden los problemas concretos de la población. En tanto en las políticas públicas de salud se juega con la vida, se requiere enfatizar, siguiendo aquí a Rosa Díez Cagigal, en la carencia de una perspectiva biopsicosocial, al punto de abordar incluso las demandas no expresadas, por lo que el deseo de tener una muerte serena libre de dolor físico y sufrimiento psíquico o existencial, lo principal para el concepto de una muerte digna, lo que no puede consignarse en campañas de gobierno o de oposición, y tiene que ofrecer continuidad en el trabajo médico dirigido en función de las necesidades que afectan incluso a los familiares y a personal médico. Y más si por desgracia, todos terminaremos alguna vez en la unidad de cuidados paliativos, por afección propia o para acompañar a un ser querido. Estas prácticas conforman dimensiones de la vida que no debieran ser objeto de disputa para campañas publicitarias o políticas que no se inscriban en demandas concretas de la población. No todos los factores del sufrimiento de un paciente terminal obedecen exclusivamente a su dolencia o enfermedad y se debe atender la fisiopatología del síntoma y otras causas concomitantes. En esto, resulta primordial y relevante entender que el lugar adecuado para que un enfermo terminal muriera era antes el hogar, lo que aún tiene vigencia, pero por el uso de la tecnología se propende a morir en el hospital. En este cambio de contexto, la atención que recibe el enfermo en el hospital es de gran importancia dada la percepción diferente de la experiencia del enfermo, por lo que cuestiones como el lugar en el que se le atiende adquieren una crucial pertinencia[2]. En esto, Montes acertó al agilizar el servicio prestado, pero se equivocó, en parte, al mezclar la unidad de urgencias y la de cuidados paliativos.
4. Pertinencia de la ética en la comunicación política. Tanto atacar la legalización de la eutanasia como defenderla, constituye un error político. Lo primero, por el cambio en la opinión pública a favor incluso de la eutanasia activa y el suicidio asistido en su formulación derivada del valor de la autonomía. Defenderla porque a pesar de surgir con fuerza campañas a partir de las acusaciones a acciones médicas como las de Luis Montes en Madrid, o para equiparar el caso, como el caso del doctor Nigel Cox en Inglaterra, estas iniciativas no logran alterar el lento curso del cambio en la legalidad, sea por iniciativa parlamentaria o como fuese. Lo que no quiere decir que estas actitudes y campañas carezcan de sentido y en la pluralidad democrática, y que se deba luchar por establecer límites tanto al abandono de enfermos terminales a una muerte rápida por intereses económicos, como al encarnizamiento terapéutico que ignora la autonomía del individuo para disponer de su vida y de su muerte en el momento oportuno. Atacar la legalización de la eutanasia, parece especialmente ridículo, pues daña la propia imagen y acrecienta las protestas sin alteración alguna de la situación en los hospitales y en el marco legal.
Entiéndase que se habla de casos en los que la intención de abreviar la vida se justifica según las circunstancias, sin hablar de eutanasia, y remitirse a la legislación existente sin considerar ningún cambio, por lo que en últimas se remite a las instrucciones previas anticipadas, el consentimiento del paciente y similares. Así, la acción eutanásica se permite si por escrito alguien se niega a recibir el tratamiento y si no se procede así, se la descalifica. Dice Jean Davies en su artículo Un argumento en pro de la eutanasia voluntaria: “Debo reconocer que no es fácil producir un cambio en la legislación, aunque la mayoría de los ciudadanos así lo desee, especialmente cuando se trata de un tema que no favorece a ningún partido político” (KEOWN, 126) [3].
Es hora de incluir, respetar y promover el derecho de la información como herramienta fundamental en la comunicación política de todo tipo, incluidas las campañas. No se satisfacen necesidades de la sociedad por la rivalidad política a ultranza que llega al extremo de acudir a la imputación falsa de un delito para promover campañas políticas o políticas públicas en salud. En lugar de incentivar la pluralidad democrática se acentúan las diferencias ineludibles y desde los medios se polariza a la población que discute sobre sus propios problemas sin una argumentación sólida.
5. Derecho y justicia mediática. Se escoge premeditadamente la despenalización del suicidio asistido a falta de considerar el respeto a la autonomía ante la forma de muerte a elegir. El derecho, la moral y la información mediática, por lo menos en el caso Leganés, afianzan la heteronomía moral relacionada con la eutanasia.
El Caso Leganés posiciona el tema de la eutanasia en los medios, aunque se pretendiera inicialmente perjudicar la imagen de la salud pública y precisamente sentar doctrina sobre la eutanasia, pero el debate no va dirigido abiertamente a la opinión pública, sólo establecido a través de la discusión entre expertos en programas de opinión o por el registro de diferentes declaraciones de las partes interesadas y de especialistas, bajo la forma del cubrimiento a un escándalo o presunto crimen. Así, se concede a los políticos involucrados, espacio, por lo que el equilibrio y mecanismos como el derecho de réplica sólo propician la discusión favorable a la venta de los contenidos y no para promover el esclarecimiento de la verdad. En esto, la acusación articula una estrategia de comunicación política que excluye todo acuerdo. Pero el protagonismo de Lamela para descalificar a Montes y su equipo, se revierte con los años por la delicadeza del tema.
Los medios por su parte repiten la información de las agencias de prensa o de otros medios, sin investigación propia alguna y difunden el error. La justicia aclara la situación en lo que respecta al bueno nombre de Montes, pero demasiado tarde. Por la misma razón que Lamela pierde todo prestigio, la importancia del tratamiento de los enfermos terminales y de la eutanasia, aunque Montes sea absuelto por la justicia, no así ante la opinión pública y ante la justicia mediática paralela a procedimientos judiciales que no llegaron siquiera a considerar méritos para abrir una investigación.
Pero no hay que confundirse. La justicia mediática halla asidero en una obsoleta dogmática penal y del derecho en general que disculpan las posiciones políticas extremas a ultranza en temas ambiguos como el de la eutanasia. Algunos reconocidos e ilustres representantes de la dogmática penal española permanecen reticentes a la aceptación de la dogmática alemana. Si bien, como sintetiza Muñoz Conde, para Günther Jakobs, el ser humano sería el único responsable para organizar su vida y su muerte, legitimada dentro del ámbito de competencias la intervención de terceros, bien por participación o según una contribución ejecutiva a la muerte del suicida. Pero en tal pensamiento en torno de la punibilidad del delito, a pesar de constituir la vida un bien personal, no transferible el disponer de ella, no resulta contradictorio que quien no quiera vivir más organice su muerte y que para tal propósito se sirva de otro. Pero objeciones como la de Muñoz conde no acepta la posición de Jakobs:
“El problema, a mi juicio, es si esta renuncia, la voluntad del que no quiere vivir más, legitima la intervención de terceros en el suicidio, hasta el punto de considerar ilegítimo e incluso un atavismo, el castigo no sólo de quien participa en el suicidio, sino el del que lleva su participación hasta el punto de dar la muerte al suicida. Sinceramente, tengo mis dudas. Vaya por delante que considero absolutamente acertada la tesis de Jakobs de que el llamado homicidio a petición es realmente un suicidio, es decir, la muerte de alguien que libre, autónoma y responsablemente decide no vivir más, aunque sea otro quien ejecute esta decisión” (JAKOBS, prólogo de Muñoz Conde, p. 11).
Así pues, a algunos teóricos tradicionales del derecho les molesta que la ayuda al suicidio no resulte susceptible de punibilidad sin posibilidad de imputación objetiva. Mientras, Jakobs no ve ningún tipo penal en la división del trabajo en una acción que no coarta la libertad, por lo que no se podría hablar de homicidio, aducir a la existencia positiva del tipo penal en los códigos conduce a negar la legitimación de la eutanasia. ¿En estas, se debe optar por la descriminalización general o por la criminalización genérica con causas de justificación? Aunque el derecho vacile entre la atipicidad y la justificación para dar cabida a la eutanasia, la tipicidad general de las formas más graves de participación en el suicidio del Código Penal Español impiden un espacio para doctrinas como las de Jakobs.
Y aunque el comportamiento del común de los medios ignora la argumentación jurídica y ética, para tratar el problema desde la lógica común o especializada, con total irrespeto al derecho de la información y a la información pública veraz, en detrimento de la mínima función educativa y cultural de los medios.
Por su parte, la prensa se cuida en no sostener opinión propia y se escuda en declaraciones que se parafrasean para defenderse de la calumnia, en parte. Así, la imparcialidad de la prensa, aunque obvia, procede con métodos sutiles. El caso en concreto, esto es, la imputación objetiva de Montes, no revierte en el juicio mediático que se registra el escándalo, por lo que la discusión clínica sobre las sedaciones otorga la oportunidad para denigrar a Montes sin una acusación formal de un delito.
6. Función limitada de la tematización de la eutanasia. Aunque la eutanasia pudiera tener un valor especial para la venta de experiencias humanas convertidas en contenidos mediáticos, y que revista interés especialmente en el cine, por su carga dramática que garantiza, al decir de Benjamín Rivaya, un impacto emocional y el compromiso del espectador con lo que se le muestra, así se asegure que películas del corte de Million Dollar Baby, Las invasiones Bárbaras o Mar adentro, sirvan para aplicar teorías sobre la eutanasia, no parece lícito establecer una relación causal entre estas iniciativas de expresión de un problema y la despenalización de la eutanasia, ante lo cual se debe preguntar si sólo la despenalización basta[4]. Parece indiscutible el interés popular por la eutanasia a partir de su tematización en los medios, pero incluso que los políticos se manifiesten preocupados por el tema, entrevistados a la salida de estas películas no significa nada, y no constituye siquiera una estrategia comunicativa ni aporta una argumentación racional de fondo para la defensa de la legalidad de la eutanasia.
“Algo muy importante, creo yo: el cambio que respecto a esta práctica se está produciendo o se ha producido en la mentalidad social, que hoy parece que emite un juicio favorable sobre la misma. El cine, además, parece que trabaja en la misma línea de afianzar esta tendencia. ¿Ha servido para hacer luz donde antes había oscuridad? Evidentemente, no” (RIVAYA, p. 61).
Lastimosamente la sola necesidad de invertir en los cuidados paliativos desprendida de la crítica al encarnizamiento terapéutico, paradójicamente se usa como alternativa para evitar a legalización de la eutanasia.
Si bien, desde el ámbito académico europeo, la legalidad de la eutanasia no se consolida en España por factores de división política[5], en realidad se ha visto en esta investigación, que las acciones políticas a favor de la eutanasia y su registro en los medios, no sólo deberán enfrentarse a prejuicios religiosos o sociales, y a los procedimientos irresponsables característicos de la actividad de los medios y del marketing político, sino incluso al desconocimiento de la dogmática penal requerida para la aceptación de su legalidad, algo apenas obvio, pero por lo mismo manipulado en España.
6. Condicionamiento político del dolor. El caso Leganés trasluce un problema de comunicación política que afecta el tratamiento del sufrimiento y en especial de los enfermos terminales. Se requiere un enfoque integral multidisciplinario en el que la terapia psicológica en el que se entienda que todo tipo de alternativas psicológicas y espirituales no reemplazan el tratamiento farmacológico del dolor, para pacientes para los que resulta imprescindible, por ejemplo, los enfermos de cáncer. El tratamiento inadecuado del dolor es un problema concreto que se presenta en todos los países y merece la atención y solución pronta par lo que se requiere una buena comunicación política que no interfiera con la práctica médica[6]. El control del dolor en enfermedades severas como el cáncer o el sida, y en los terminales, requiero no solo la combinación de terapias psicológicas y farmacológicas, sino la atención de todo tipo de problemas suscitados por el sufrimiento, incluido el cuidado de la familia del enfermo y también el estrés y el desgaste profesional del personal médico y de enfermería. El caso Leganés dejó patente la relevancia de un problema que provoca una confrontación política en la que se obvio el examen de las necesidades de los hospitales españoles en relación con el tratamiento del dolor. El enfermo se ve afectado por el ruido, por su inmovilidad, por detalles aparentemente tan insignificantes como la iluminación, el trato recibido por el personal hospitalario, la temperatura ambiental o la necesidad de estar informado sobre su enfermedad. El Caso Leganés refleja un problema económico, porque no se responde de manera eficaz a la demanda de cuidados paliativos que no se soluciona sólo con la discusión sobre el modo de financiación, público o privado, y refiere a una cuestión de eficiencia y de equidad de cara a una valoración social de los recursos.
Y en lo concerniente a la discusión sobre las dosis de las sedaciones en el Caso Leganés, lo que otorgó una disculpa para acusar a Montes, el consumo de morfina se considera un indicativo de la calidad de los cuidados que se suministran a los enfermos terminales, muchas veces impedido por asuntos burocráticos, por lo que se requiere mejorar la comunicación entre los clínicos y las autoridades.
Seguramente, además de las diferencias políticas que desataron el conflicto en Leganés, la tensión laboral propia del trabajo clínico que abarca muchos factores, en entre ellos, la complejidad del trabajo y la sobresaturación de la capacidad del hospital (GÓMEZ, p. 397); se acentúa por la rivalidad administrativa y laboral. En tal contexto se aprecia claramente que estrategias de comunicación política que no tienen en cuenta un mínimo de ética en el trabajo conjunto con el opositor en la atención de las necesidades sociales, alteran el trabajo eficaz especialmente en campos como el de la medicina. La exigencia clínica de trabajar en equipo, obliga a la adopción de una disposición propicia a la resolución de conflictos y de problemas y no a la defensa de ideologías o propuestas políticas, económicas o administrativas a ultranza. El Caso Leganés es así signo de la fala de socialización en el personal médico y la política española que impide la efectiva articulación de estrategias organizacionales, problema característico de nuestras grandes ciudades y las sociedades individualistas contemporáneas.
Entiéndase que con la hospitalización, el enfermo sale de su entorno habitual y altera su posición y función social. Confinado a un ámbito en el que pierde toda intimidad, para colmo se le controla incluso su percepción del dolor. El Caso Leganés refleja así una problemática nacional y mundial de control político de la sedación a todo tipo de enfermos y a los terminales en particular, un problema crucial debido a su notable incremento. La política debe guardar una distancia ética frente al ejercicio libre de la medicina.
[1] Escribe John Harris en su artículo La eutanasia y el valor de la vida: “El verdadero problema de la eutanasia es la tragedia que constituye la muerte prematura y no deseada de miles de personas en todas las sociedades que mueren por falta de medicinas y otros recursos, a quienes se les deja morir o son muertas debido a que los demás creen que no vale la pena conservarles la vida. Creo yo que constituye una vana y perversa arrogancia frustrar los deseos de quienes desean morir o conservar indefinidamente la vida de aquellos que han perdido por completo su calidad de personas, mientras que los deseos de quienes no desean morir son continua e insensiblemente desatendidos”. (KEOWN, 2004, p. 48)
[2] “Así en este modelo propuesto por R. Bayés se pretende que identifiquemos síntomas o situaciones que el paciente vive como una amenaza o con gran preocupación, que los prioricemos y hagamos un abordaje tanto físico como emocional. Existirá un pequeño porcentaje de pacientes a los que no se podrá aliviar el dolor u otros síntomas, pero siempre hemos de ser capaces de acompañarlos en su sufrimiento y apoyar a su familia. Este apoyo y acompañamiento va a ser por sí mismo liberador, ayudándoles a no sentirse abandonados. R. Bayés nos recomienda tomar conciencia de que la percepción del paso del tiempo no es la misma para el paciente y su familia que para los profesionales sanitarios, pues para los primeros son tiempos alargados por la espera de nuevas pruebas, de los resultados de éstas y de nuestra visita médica para el control de sus síntomas. Para nosotros es un tiempo acortado y de gran actividad. (DÍEZ, P. 135).
[3] Y dice Jean Davies: “Algunos jueces de los tribunales de apelación que declararon legal suspender el tratamiento que mantenía con vida a Tony Bland convinieron en que si él hubiera dejado alguna instrucción escrita prohibiendo que se le aplicara a limitar futuros tratamientos médicos en caso de que cayera en estado de incapacidad total. El resultado de este juicio fue que incluso debía respetarse el rechazo del paciente a que se le amputara una pierna gangrenada, aun cuando éste se encontrara ya incapacitado antes de morir” (KEOWN, p. 125).
[4] “Sin hacer valoración alguna, creo que quien conozca la sociología y la regulación legal de la eutanasia en nuestro entorno, y a la vez haya seguido el cine de los últimos tiempos, puede predecir la extensión, en un futuro próximo y entre los países occidentales, de la despenalización de prácticas que normalmente son calificadas de eutanasia y que hasta ahora han estado generalmente castigadas por el Derecho Penal. La cuna de las ideas que es el cine hace que éstas crezcan, se desarrollen y se inserten en la sociedad”. (Rivaya, p. 14).
[5] “A distinctive aspect of the Spanish situation is that, due to the federal structure of the Spanish state, political actors and institutions can voice opinions different from or opposed to those of the central government. (…) Another peculiarity of the current Spanish situation is the active role played in the public debate by official catholic institutions as well as the fact that the present government and ruling political party, although in open opposition with the church on important “civil rights” issues, do not seem to want to push the opposition too far” (Adams, 2008).
[6] “Poseemos los fármacos, la tecnología y la información necesarias para usarlos de manera apropiada. Sin embargo, mucho médicos y enfermeras no sólo usan tratamientos analgésicos de forma inapropiada, sino que a veces dirigen sus energías contra aquellos que están tratando de mejorar el tratamiento clínico del dolor”. Palabras de John Bonica en 1985 (Gómez, 2006, p. 20).
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